El mandatario Gustavo Petro dio un mensaje al país donde trató dos de los componentes esenciales de su plan de gobierno: la educación y la salud. A lo largo de su discurso, realizó un análisis de su trabajo en ambos ámbitos y propuso nuevas acciones para progresar en sus cambios profundos, a pesar de los desafíos legislativos que han detenido su puesta en marcha en el Congreso.
En el caso de la salud, el mandatario reiteró su crítica al modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al que calificó de ineficiente, corrupto y financieramente insostenible. Citó datos de la Contraloría General según los cuales 29 EPS acumulan deudas que superan los 30 billones de pesos, con apenas seis entidades cumpliendo los requisitos mínimos de solvencia. Según el presidente, este déficit no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Con este contexto, Petro comunicó que su administración procederá con la reforma del sistema de salud a través de un decreto que incorpora muchos de los elementos de la reforma fallida que no se aprobó en el Congreso. La regulación vigente suprime la función de aseguramiento de las EPS y sugiere su transformación en Gestoras de Salud y Vida, organizaciones que no manejarán recursos y deberán enfocarse en coordinar servicios y apoyar a los pacientes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que estarán distribuidos territorialmente y operarán bajo un enfoque preventivo y comunitario. El presidente defendió que esta transformación se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que cuenta con respaldo legal para su ejecución, aunque sectores de la oposición y algunos constitucionalistas han advertido que podría vulnerar el principio de separación de poderes y el rol deliberativo del Congreso.
Durante su discurso, Petro no escatimó en críticas hacia sectores privados del sistema de salud, particularmente contra grupos empresariales extranjeros que, según él, han lucrado con recursos públicos a costa de la salud de los colombianos. Las acusaciones más fuertes estuvieron dirigidas a una reconocida EPS de capital extranjero, a la que señaló de operar bajo esquemas que consideró delictivos. Estas declaraciones desataron fuertes reacciones por parte del gremio de la salud, que negó las acusaciones y advirtió sobre una posible politización del debate sanitario.
En el terreno educativo, el jefe de Estado destacó la ampliación de la cobertura en la educación superior pública, anunciando la creación de 155 mil nuevos cupos universitarios. Afirmó que su gobierno ha hecho una apuesta decidida por fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, y descartó la posibilidad de destinar recursos estatales para financiar matrículas en instituciones privadas, decisión que justificó con la necesidad de priorizar el fortalecimiento del sistema oficial.
Petro también se refirió a exministros de Educación de su propio gobierno, señalando que algunos no compartieron la visión progresista que, según dijo, orienta su proyecto. Esta autocrítica dejó entrever tensiones internas dentro del Ejecutivo, pero reafirmó su compromiso con la gratuidad educativa como una política estructural para reducir la desigualdad social.
Las respuestas a la alocución llegaron rápidamente. Representantes de las EPS y especialistas en salud pública describieron las declaraciones del presidente como inexactas y sostuvieron que el auténtico problema del sistema se debe a un déficit estructural en el financiamiento, más que a corrupción. Además, señalaron que las modificaciones sugeridas podrían provocar un colapso operativo si no se ejecutan con una planificación apropiada.
En el ámbito político, los sectores opositores manifestaron preocupación por la vía unilateral que ha decidido tomar el gobierno en materia de reformas, especialmente en un contexto de polarización y debilidad en la coalición oficialista dentro del Congreso. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que la acción por decreto es una respuesta legítima ante el estancamiento institucional y la urgencia de atender las necesidades de millones de ciudadanos.
La alocución de Gustavo Petro marca un punto de inflexión en su mandato. Frente a la imposibilidad de avanzar en el Legislativo, el presidente opta por ejercer un liderazgo directo desde el Ejecutivo, apostando por medidas de alto impacto que buscan dejar una huella en los sectores sociales más sensibles. Queda por ver si su estrategia logrará consolidarse sin abrir nuevas fracturas en el equilibrio de poderes y en el sistema democrático colombiano.
