La discusión sobre el salario mínimo en Colombia se intensifica mientras sindicatos y gremios buscan acercar posturas frente al incremento que regirá en 2026. La brecha entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios refleja no solo diferencias económicas, sino también prioridades sociales y políticas que definirán el bienestar de millones de colombianos.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llevó a cabo reuniones bilaterales con representantes de centrales obreras y gremios empresariales para buscar posibles acuerdos sobre el incremento del salario mínimo. La negociación resulta compleja debido a la considerable distancia entre las cifras propuestas: mientras las centrales obreras exigen un aumento del 16 %, los gremios ofrecen un incremento del 7,21 %. Esta diferencia refleja visiones divergentes sobre la capacidad económica del país, la productividad laboral y la necesidad de asegurar un ingreso digno a los trabajadores.
Tras su encuentro con Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reafirmó que mantendrán su postura de exigir un aumento sustancial. Según Arias, si los gremios no elevan su propuesta a un porcentaje de dos dígitos —mínimo 10 %— no habrá espacio para la concertación y confiarán en que el presidente Gustavo Petro decida la cifra final. “Si los gremios no se mueven, nosotros tampoco nos moveremos”, enfatizó Arias, aclarando que, en caso de que los empresarios presenten una oferta de dos dígitos, estarían dispuestos a ajustar su cifra inicial del 16 % para alcanzar un acuerdo.
La propuesta de las centrales obreras
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— fundamentan su propuesta de incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en varios argumentos técnicos y sociales. Con este aumento, el salario mensual pasaría de COP 1.423.500 a COP 1.651.260, mientras que el auxilio de transporte subiría de COP 200.000 a COP 232.000, elevando el ingreso total de los trabajadores a COP 1.883.260.
Según Fabio Arias, parte de esta propuesta surge de los descubrimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca una diferencia considerable —aproximadamente 50 puntos porcentuales— entre el salario mínimo actual y el llamado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que se requiere para satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio de cuatro personas. El ministro Sanguino señaló que este salario, equivalente a una vida digna, se situaría en torno a los COP 3 millones, una cantidad muy superior al ingreso mínimo vigente.
Arias también considera que la propuesta del 16 % busca compensar lo que las centrales denominan una “deuda histórica” acumulada durante las negociaciones de las últimas dos décadas, periodo durante el cual, según los sindicatos, no se reconoció adecuadamente la contribución de los trabajadores a la productividad nacional. Los cálculos realizados por economistas de estas organizaciones muestran que, de mantenerse la tendencia actual, el salario mínimo seguiría estando aproximadamente a la mitad de lo que debería ser para garantizar condiciones de vida dignas.
Otro factor relevante señalado por Arias es el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó al Gobierno sin los recursos previstos para inversión social en 2026. En este contexto, un aumento más robusto del salario mínimo podría convertirse en un mecanismo alternativo para fortalecer el ingreso de las familias y estimular la economía desde la base laboral.
La oferta de los sindicatos
Por su parte, los gremios empresariales, representados por organizaciones como la ANDI, ACOPI y la SAC, plantearon un incremento del 7,21 %, con lo que el salario mínimo llegaría a COP 1.526.134 y el auxilio de transporte a COP 214.420, resultando en un ingreso mensual total de COP 1.740.554. La diferencia entre las propuestas de trabajadores y empresarios se sitúa en COP 142.706, un margen significativo que refleja la disparidad de criterios sobre cómo equilibrar ingresos, costos y sostenibilidad empresarial.
Los empresarios basan su propuesta en la inflación registrada del 5,3 %, la Productividad Total de los Factores (PTF), que se sitúa en un 0,91 %, y un margen de ganancia real adicional de 100 puntos básicos. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, indicó que su planteamiento pretende ser responsable tanto con las empresas como con los trabajadores, evitando que un incremento excesivo presione los costos de producción y la inflación, lo que a largo plazo podría impactar la economía y el poder adquisitivo de todos.
Ospina también destacó que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, lo que refuerza la necesidad de ajustes equilibrados y sostenibles, que consideren la realidad económica y las posibilidades del sector empresarial sin comprometer la estabilidad laboral ni la inversión productiva.
Los desafíos de lograr un consenso
La negociación entre trabajadores y empresarios ha sido históricamente compleja, debido a enfoques económicos y sociales diferentes. Para los gremios, un incremento elevado puede generar mayores costos de contratación, limitar la capacidad de expansión de las empresas y, en algunos casos, obligar a reducir la plantilla laboral. Además, los costos adicionales pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, incrementando la inflación.
Por otro lado, las centrales obreras subrayan que un incremento en el salario mínimo eleva el poder adquisitivo de los trabajadores, impulsa el consumo y podría generar un ciclo de crecimiento económico que favorezca tanto a empresas como a empleados. Desde su punto de vista, un aumento adecuado no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también refuerza la demanda interna, fomentando la contratación y la productividad.
El presidente Gustavo Petro ha expresado su acuerdo con la posición de los sindicatos, destacando que el incremento del salario mínimo, incluso con los aumentos recientes, no ha tenido un impacto adverso en el empleo. En realidad, la tasa de desempleo en octubre se situó en 8,2 %, siendo el nivel más bajo registrado en ese mes desde 2017.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que un ajuste balanceado debe armonizar las ventajas del incremento salarial con los desafíos inflacionarios que podrían presentarse. “El beneficio relacionado con los ingresos de quienes perciben el salario mínimo, así como el de aquellos que puedan beneficiarse del incremento de esa demanda agregada, también conlleva desafíos significativos para alcanzar la meta de inflación. Es necesario encontrar puntos de equilibrio que produzcan resultados satisfactorios para toda la sociedad”, explicó Villar.
El análisis técnico de Fedesarrollo indica que un aumento adecuado del salario mínimo para 2026 debería situarse entre el 6 % y el 6,5 %, considerando la inflación proyectada del 5,2 % y el cambio en la productividad, que varía entre -0,3 % y +0,9 %. Este cálculo técnico pretende encontrar un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas en un entorno económico desafiante.
La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 se presenta con un panorama de contraste entre las exigencias sindicales, enfocadas en la equidad y la reparación histórica, y las propuestas empresariales, que buscan la sostenibilidad económica y la estabilidad de los costos laborales. La posibilidad de llegar a un acuerdo dependerá de la disposición de ambas partes para encontrar un punto de equilibrio, que contemple tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas, garantizando así un balance entre crecimiento económico, justicia social y estabilidad financiera.
