En el sur de Quito, la falta de agua ha causado una emergencia humanitaria que impacta a más de 400.000 habitantes. La situación, vista como la más severa en los últimos veinte años, surgió después de un deslizamiento en el páramo del Antisana, que perjudicó de forma crítica la infraestructura de distribución del agua. Este fenómeno natural ha dejado a seis áreas de la ciudad sin un suministro constante de agua potable, forzando a los residentes a depender de entregas ocasionales y a usar fuentes que no son seguras para el consumo.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el sector de Chillogallo, ubicado al sur de la ciudad de Quito, la espera por el agua ha pasado a ser una costumbre diaria. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la acera con un balde vacío aguardando la llegada de un camión cisterna, comúnmente llamados tanqueros. Al igual que ella, muchos residentes se acercan con botellas, cazuelas e incluso cubos de basura para intentar obtener el preciado líquido.
Muchos de los afectados son adultos mayores que no tienen la fuerza para trasladar el agua hasta sus hogares. “Estamos aquí en este frío desde la mañana, con hambre. No tenemos agua ni para bañarnos”, relata Erselinda Guilca, una jubilada visiblemente cansada. Las condiciones de espera, combinadas con la falta de certeza sobre la hora de llegada de los tanqueros, han exacerbado el malestar de la población.
Medidas insuficientes y protestas ciudadanas
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Declaraciones oficiales y conflictos institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Ruta hacia la mejoría
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.
