El Gobierno retiró la reforma de la ley de Canadá antes de que cayeran las medidas para sacralizar la membresía y evitar así una doble derrota parlamentaria en la misma semana después de que el martes tomara su iniciativa sobre el proxenetismo. Sin embargo, en la mano, el ejecutivo no podía estar al margen de la extravagante relación que existe entre los socios mayores del ejecutivo, porque Yolanda Díaz votó contraviniendo una norma aprobada por el Consejo de Ministros del primer partido. El motivo inmediato de estos disturbios fue el desorden y la rebelión contra Pedro Sánchez que se impuso al liderazgo de Sumar y Podemos, rasgos acentuados por la proximidad de las elecciones europeas donde estos grupos no tienen expectativas para muchas halagüeñas. También hay una torpeza técnica por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que inexplicablemente resulta en que el PSOE retire del Congreso todas las iniciativas legislativas que no hayan sido negociadas antes. Este conjunto de debates parlamentarios demuestra que la coalición de investigaciones es un instrumento discontinuo que faculta a Sánchez para mantenerse en el poder y gestionar el día a día, pero no le permite aspirar a ser legislador.
Gobernar no se trata simplemente de conservar la presidencia, ya que a la Moncloa le conviene mucho beneficiarse de los símbolos del poder. Gobernar es legislativo para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y promover reformas que adapten nuestra sociedad a las exigencias del futuro. La legislatura está bloqueada por la misma investigación, por lo que no siente las bases de un proyecto coherente; Parece, por tanto, que existe sólo para aprobar la ley de amnistía, idea según la cual Sánchez permitió crear un ayuntamiento que se demuestra lo más circunstancial posible. Ha habido muchas ocasiones en las que no es posible catalogar y homogeneizar de forma coherente un “ayuntamiento progresista” del que se constituyen Junts y el PNV, formaciones que nada tienen que ver con las ideas de ERC y Sumar. El hipotecario “somos más”, con el líder socialista que celebró el compromiso resultante del 23-J, demostró sus inconsistencias. La amnistía, que creaba una justa condición de posibilidad para el legislador, terminó por convertirse en el único bien compartido por las fuerzas políticas que incluía una gran precariedad que estaba orientada en una transacción de intereses mutuos.
La legislatura del ciclo electoral hace renunciar al presidente a su obligación constitucional de elaborar la ley de presupuesto general del Estado, norma espinal de toda democracia que, si es precisa, puede en ella materializar el proyecto de país de un Estado. Si una vez finalizado el ciclo electoral, y tras la aprobación de la amnistía, los presupuestos podrían ser la única ley a la que Sánchez se adhiera siempre y cuando habla en público bajo los informes del Estado. Hay buena disposición por parte de Sánchez para hacer las concesiones que impliquen un cambio de voto, una ruptura definitiva en la negociación colectiva nacional con las autoridades del PNV para que el País Vasco se imponga por suya propia.
Esta situación explica que Pedro Sánchez sea incapaz de legislar, porque la mayoría de Moncloa es intermitente y los partidos que ajustan sus agendas no sólo son divergentes, incluso contradictorios. Además, precisamente, el despacho de Núñez Feijóo al final de la investigación, cuando el anuncio de la formación de un gobierno con estos miembros fue “un error” de su exclusiva responsabilidad. Incomprensiblemente, los portavoces socialistas atacan las críticas al Partido Popular y no se dirigen a sus militantes por no haber escuchado sus votos durante la destitución de un presidente electo. El problema es que, durante su investigación, Sánchez tuvo que “levantar un muro” para ayudar a la derecha y a la ultraderecha y, por supuesto, a los millones de españoles que han hecho converger al PP en la fuerza política más votada por Vox. La legislatura está ocupada y, aunque el gobierno puede perdurar en el tiempo, su capacidad legislativa aún está rezagada debido a la fragilidad parlamentaria del PSOE. Sin embargo, en nuestra democracia existe un poder que impide la aprobación de determinadas presunciones y que, al mismo tiempo, está obligado a retirar un proyecto de ley ante la imposibilidad de su aprobación. Asumidas estas premisas, a Sánchez no le queda otra alternativa que decretar su disolución y reconocer su error.
