El impacto del título técnico “por defecto” de derecho público en el impacto de los arbitrajes supera los 4.660 millones de euros

Las consecuencias de las sentencias dictadas contra España por la retirada retroactiva de las primeras renovaciones en 2014 se pronunciaron en embargos separados, pero también en un escenario técnico de «incumplimiento» que afecta directamente a cuatro títulos de esta persona pública, especialmente en relación con las consecuencias . del caso de infrarrojos, uno de los 26 de los que nuestro país ha condensado. Noticia Relacionada estándar Si E.ON va a arbitrar otro arbitraje en España, que tendrá que pagar una indemnización histórica de unos 300 millones Javier González Navarro El grupo alemán denunció ante el Ciadi el expediente de la rentabilidad de las rehabilitaciones en 2014. Las empresas Los interesados ​​han elaborado una estimación del impacto que tiene sobre las finanzas del Tesoro y la economía española. Desde abril de 2023, el coste provocado por el “default” asciende a 2.100 millones. De persistir la situación de inseguridad jurídica, esta suma se incrementará hasta 4.900 millones de dólares hasta 2024, ha confirmado ABC. Además, debido a que el resultado del perfil de riesgo afecta negativamente las condiciones macroeconómicas, es precisamente necesario crear una simulación del impacto que se encuentra en las circunstancias del PIB. Así, entre abril y diciembre de 2023 la actividad se redujo a 2.560 millones por la técnica del “default”. Gracias a las soluciones, la caída será de 4.780 millones adicionales hasta 2024. Las fuentes de este caso aseguran que “la inseguridad jurídica y la incertidumbre institucional han generado esta situación perjudicial especialmente en España. No es de extrañar que el propio Ministerio de Economía haya contratado diversos servicios de asistencia dedicados a mitigar el riesgo que ha provocado el técnico «por defecto». Además, este tipo de situaciones se pueden dar en alguien si los impuestos persisten, como ocurre con el embargo de bienes y propiedades del Reino de España en países como Reino Unido, Australia y, presumiblemente, Estados Unidos. El impacto que provocó la técnica «por defecto» se eleva a 4.660 millones (abril-diciembre de 2023) y puede alcanzar los 12.240 millones si la situación se prolonga hasta finales de 2024. Estas cifras hay que resumir los 250 millones de dólares en gastos legales y financieros. . Asimismo, se deja constancia de que los 26 condensados ​​que no fueron retenidos por haber acumulado bonos por un valor de 1.500 millones. “Si España quiere financiar la transición energética, primero debe renunciar a la inseguridad jurídica y a la sombra de seguridad que se ha extendido a esta situación. Para ello, deberá enviar un mensaje a sus compradores, respetar las indemnizaciones reconocidas en sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que asegure la responsabilidad y evite daños por parte del alcalde, subrayan las mismas fuentes.