Panamá tiene su nuevo presidente. José Raúl Mulino (64 años) fue elegido como nuevo representante de una nación que atraviesa una serie de crisis ambientales y migratorias; crisis que no puede atacar al impopular Gobierno saliente de ideología centrista y que ahora recae en un tildado mandato de “derecha dura”. Si no hay segunda vista en el país, los resultados son oficiales y Mulino, que obtiene una 34,25% de los votos con el 85% de las mesas escrutadas, son enviadas directamente a la banda presidencial.
“Recibo con complacencia los resultados. Asumo con mucha responsabilidad y humildad el poder de solucionar el problema. necesidades urgentes de panameños. ¡Es un honor!”, declaró el nuevo presidente durante una conversación telefónica transmitida en vivo por el Tribunal Electoral, en el momento en que fue notificado como el Ganador virtual. El ayuntamiento de los competidores de la candidata presidencial reconoció su derrota y la victoria de Mulino, quien la llamó para felicitarla.
Es cierto, es de conocimiento público que los partidarios de Mulino, sin su hijo, sin embargo, merecen al nuevo presidente, pero también los jefes de Estado que ya han presentado la candidatura del presidente martinelli, mientras que en febrero se vio obligado a abandonar la lucha tras haber sido condenado por la justicia panameña en un caso de corrupción. Mulino, por ello, trabajó con el sindicato de derechos Realizando Metas (RM) y el Partido Alianza en una gira cinematográfica en plena campaña electoral que hoy lo llevó a una presidencia inimaginable.
No hubo suerte para Ricardo Lombaña, por el Movimiento Otro Camino (MOCA, centro) que obtuvo el segundo lugar con el 25% de los votos, ni por Martín Torrijos (presidente 2004-2009), que aspira a la reelección por el Partido Popular (centroderecha) y que ocupa un tercer lugar con un 16%. El alcalde perdió, sin embargo, al candidato oficial del gobierno saliente y al actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, del centrista partido PRD que quedó relegado a un sexteto con sólo el 5,83% de los votos; un castigo a la mala gestión del presidente saliente, Laurentino Cortizo.
La dispersión del voto entre tantas propuestas parecidas –7 de los 8 candidatos identificados con la derecha– alimenta al principal enemigo de los derrotados, que no pueden ganar el discurso populista de Mulino y Martinelli y está en el centro de las divisiones internas que ocupan la campaña . una carrera por el segundo lugar y notoriedad mediática, más que por la presidencia en si.
Día sin sorpresas
Las elecciones generales recorrerán 3.037 centros de votación en el país, desde donde recorren 7.577 metros, y en un clima marcado por la alta participación y la culpa de los incidentes. El Tribunal Electoral había pronosticado una participación cercana al 80% y la predicción se cumplió: el 76% de los panameños con derecho a votar en las urnas, alrededor de tres millones. En 2019, la participación alcanzó el 73%.
En Panamá, el voto es emitido en mano por miembros de la sociedad civil que utilizan medios electrónicos para garantizar la integridad y legitimidad de los resultados. La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) creó una jornada libre de incidentes, pacífica y democrática.
Además, la dupla presidencial contó con 20 electos al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 abogados, 701 representantes al Parlamento y 11 concejales, todos con sus suplentes.
Devoluciones del Gobierno
El nuevo gobierno de derechas tendrá que soportar diversas crisis que el impopular gobierno de Cortizo no podrá afrontar de frente. El principal es uno que no tiene efectos nacionales, sino a nivel global. La crisis hidráulica del Canal Interoceánico de Panamá será la prioridad y la ciudadanía espera el lanzamiento de proyectos para desarrollar su sistema hidrográfico y fortalecer el uso racional del agua entre los panameños. Debido a la ampliación de la cantidad de canal y nuevos roles en el medio acuático, la gran capacidad está en un plan nacional para el uso racional y acceso universal al agua potable y a la salud.
Además del Canal, entre los alcaldes polémicos, estuvo la crisis migratoria en Darién y la mina de Panamá, un proyecto que enmarcó grandes protestas ambientales en 2023 y que fue objeto de acaloradas discusiones durante los debates electorales presidenciales. En noviembre de 2023, el Gobierno cedió ante las presiones y, tras la decisión del Tribunal Supremo del país de declarar inconstitucional la actividad de la empresa en su territorio, decidió cerrar la mina. Pero las operaciones mineras equivalen a entre el 3% y el 4% del PIB del país, lo que tendrá un impacto significativo en la economía nacional.
Por su parte, el Tapón del Darién es conocido como la ruta migratoria más mortífera de América e incluye un denso bosque en Panamá que conecta con territorio colombiano. Además de los avatares de la vida, el territorio está vigilado por el Estado y controlado por mafias y narcotráfico. Actualmente, debido a la crisis que viven países como Haití y Venezuela, el flujo de migrantes supera todos los récords en Panamá. En 2023, este sitio tendrá más de 360.000 personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia el aumento de redes criminales que trafican con seres humanos en la zona.
