El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su inconformidad ante la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de sancionar a un alto magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. La medida del Departamento de Estado, anunciada en el marco de la Conferencia Ministerial para el Avance de la Libertad Religiosa celebrada en Washington, generó reacciones inmediatas en la región, incluyendo una fuerte crítica del mandatario colombiano.
Petro consideró que la sanción representa una intromisión en los asuntos internos de Brasil y cuestionó la autoridad moral de Washington para calificar las decisiones judiciales de otros países. Según el presidente, la medida contra de Moraes —quien ha llevado procesos judiciales clave en Brasil, entre ellos algunos contra el expresidente Jair Bolsonaro— podría sentar un precedente peligroso para la soberanía judicial en América Latina.
El pronunciamiento no tardó en generar reacciones en el ámbito político estadounidense. María Elvira Salazar, congresista por el estado de Florida y una de las figuras más críticas del mandatario colombiano en el Capitolio, respondió con firmeza. La legisladora señaló que las declaraciones de Petro reflejan “instintos autoritarios” y defendió la sanción impuesta por el Departamento de Estado, argumentando que responde a supuestas violaciones de derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión y religiosa en Brasil.
De Moraes ha sido una figura central en el contexto político y judicial brasileño, especialmente desde los disturbios en Brasilia ocurridos el 8 de enero de 2023. En su rol como magistrado, ha liderado investigaciones sobre desinformación, ataques a las instituciones democráticas y la responsabilidad penal de figuras políticas implicadas en los hechos. Entre sus detractores se le acusa de extralimitarse en sus funciones; sus defensores, en cambio, lo ven como un garante del orden democrático frente a la amenaza de la ultraderecha.
La controversia pone de manifiesto la polarización política regional y las complejas relaciones entre gobiernos latinoamericanos y la administración estadounidense, en un contexto marcado por tensiones ideológicas. Petro ha insistido en la necesidad de una política internacional basada en el respeto mutuo entre Estados soberanos, y ha calificado la actuación de Washington como “una forma de intervención” que debilita la independencia de los poderes judiciales en los países del sur.
El intercambio entre Petro y Salazar también refleja una disputa más amplia sobre el rumbo de la democracia en América Latina y el papel que Estados Unidos desempeña en ese escenario. Mientras algunos sectores consideran que el país norteamericano debe asumir un rol activo en la defensa de los valores democráticos en la región, otros ven con preocupación lo que interpretan como imposiciones externas que no respetan los marcos constitucionales de cada nación.
En Colombia, la declaración de Petro ha tenido eco entre algunos sectores políticos, especialmente aquellos críticos de la injerencia extranjera. Sin embargo, también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de analistas que consideran que el mandatario busca posicionarse como referente regional en asuntos de soberanía, incluso cuando las causas que defiende no siempre tienen consenso en su propio país.
El episodio suma un nuevo capítulo a la ya tensa relación entre algunos gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, en momentos en que el equilibrio entre cooperación y respeto a la autonomía nacional continúa siendo un tema central en la agenda diplomática del hemisferio.
