En un hecho sin precedentes, el máximo tribunal ha elegido una lista de tres mujeres para cubrir un puesto vacante en el Tribunal Constitucional. Las aspirantes Myriam Carolina Martínez, Lina Marcela Escobar y Lisneider Hinestroza contendrán por la posición que dejará libre la jueza Diana Fajardo, cuyo mandato finaliza el 5 de junio próximo. Ahora, el Senado tendrá la responsabilidad de determinar cuál de ellas ocupará el puesto.
Esta decisión marca un momento importante en el avance hacia la igualdad de género en las máximas instancias judiciales del país, dado que en este momento, la Corte Constitucional está compuesta por seis hombres y tres mujeres en su grupo de jueces. La iniciativa de proponer una lista de candidatas femeninas atiende a las demandas de varias organizaciones civiles y entidades públicas que han apoyado un aumento en la representación femenina en los órganos judiciales de alto rango.
El perfil de las candidatas
Myriam Carolina Martínez, jurista con estudios avanzados en Derecho de Telecomunicaciones, Comercial y Financiero, y un MBA en Gestión Empresarial, cuenta con una extensa experiencia tanto en el sector público como en el privado. Fungió como directora de la Agencia Nacional de Tierras en el mandato anterior, además de ser guía en la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite y coordinadora de iniciativas de responsabilidad social corporativa en una empresa multinacional de telecomunicaciones. También ha sido profesora universitaria y consultora en varias entidades públicas.
Durante la audiencia pública en la que presentó su candidatura, Martínez expresó su preocupación por el impacto que las decisiones judiciales pueden tener sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. Asimismo, enfatizó que uno de los principales retos del sistema judicial es garantizar que los fallos no sean desestimados mediante acciones de tutela, lo que podría socavar la confianza en las instituciones judiciales.
Lina Marcela Escobar, por otro lado, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad del País Vasco, además de contar con maestrías en Derecho Público y Constitucional. Ha ocupado puestos importantes como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y ha sido rectora en una universidad privada. Asimismo, ha ejercido como asesora constitucional en diversas instituciones públicas y cuenta con una robusta trayectoria académica.
En su intervención ante la Corte Suprema, Escobar destacó la importancia de promover posturas unificadas en la Rama Judicial y subrayó la necesidad de garantizar que la tutela sea utilizada de manera correcta para proteger derechos fundamentales, sin interferir con resoluciones previas de otras altas cortes. Además, hizo énfasis en la relevancia de fortalecer los canales de comunicación entre las diferentes ramas del poder público.
Por último, Lisneider Hinestroza, abogada afrocolombiana con especialización en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, ha dedicado gran parte de su carrera a la docencia y la investigación en temas relacionados con la legislación étnica y los territorios colectivos de comunidades negras. Ha trabajado como docente en universidades nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria marcada por su compromiso con la justicia social.
Hinestroza, en su discurso, destacó la importancia de su educación y vivencias desde un enfoque inclusivo. «Soy originaria de las áreas que algunos denominan periferia. Mi carrera me ha brindado la oportunidad de entender las diversas realidades sociales de la nación y su repercusión en el derecho constitucional», mencionó.
Un paso hacia la paridad
La elección de esta terna femenina representa un avance significativo hacia la igualdad de género en las instituciones judiciales del país. Sin embargo, el propósito no es únicamente garantizar la representación de las mujeres, sino también valorar las competencias y calificaciones de las candidatas, quienes han demostrado estar altamente capacitadas para el cargo.
Las asociaciones civiles han destacado que, aunque hay avances, las mujeres encuentran obstáculos como el «techo de cristal», el cual restringe su acceso a puestos superiores, aún cuando reúnen todos los criterios necesarios. Esta medida representa un avance sólido para el reconocimiento del potencial femenino en el sector judicial y sirve como un modelo para fomentar la igualdad en distintas áreas.
En este momento, el Senado deberá analizar las cualidades de estas tres sobresalientes juristas y decidir, lo cual no solo afectará la composición de la Corte Constitucional, sino también la dirección de la jurisprudencia nacional en los años venideros.
